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Álvaro Obregón, insatisfecho con su corto período de gobierno, 1920-1924, quería seguir dirigiendo y encauzando la vida de la nación. Se le atribuye una frase célebre: “cuatro años son insuficientes para gobernar. Se los pasa uno reprimiendo a los descontentos los dos primeros años y los dos últimos a los ambiciosos“. Tenía el poder de las armas, el apoyo norteamericano, el apoyo de los liberales nacionales y extranjeros, el respaldo del alto clero político, la identificación con el proletariado organizado y contaba con una corriente política obregonista debidamente estructurada e infiltrada en todos los grupos de poder; tenía también en su favor la lealtad absoluta de Calles, de modo tal que a petición de don Álvaro, don Plutarco haría lo que fuera necesario, inclusive modificar la Constitución. Obregón aquilataba perfectamente cuál era su verdadera fuerza: el carrancismo había sido liquidado con el asesinato de don Venustiano a manos de los obregonistas, el zapatismo había sido transado y debilitado; todos los generales delahuertistas habían sido comprados o asesinados, Francisco Villa había aceptado deponer las armas; solamente estaban en su contra algunos pequeños grupos fácilmente controlables. De tal suerte que decidió preparar su retorno a la Presidencia de la República.

El destacado politicólogo y periodista opositor Saúl Álvarez Mosqueda, quien fue encarcelado en la prisión de Lecumberri por su activismo en contra del sistema político mexicano, escribió en su celda un libro que tituló “Alta Política”. Primera edición 1985. Colección Ómnibus. Editorial Liega. En la página 53 de su libro dice textualmente: “el 21 de octubre de 1925 el Congreso de la Unión reforma los artículos 82 y 83 de nuestra Carta Magna, por lo que la reelección del Presidente de la República puede hacerse una sola vez siempre que no sea para el período inmediato. El dictamen fue enviado para su estudio, habiendo sido aprobado por la cámara alta el 19 de noviembre de 1925, para que la Constitución diga: el Presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. etc., que antes eran 4 años según la Constitución de Querétaro . El capricho del caudillo omnipotente había sido cumplido. Los honorables Diputados Federales y Senadores regalaron su dignidad e hicieron a un lado el principio sagrado de la no reelección. Así Obregón aseguró el camino que le permitiría volver a la Presidencia de la República; su gobierno empezaría en 1928 y terminaría en 1934”. Obregón convenció a Calles de que hiciera las paces con la Iglesia Católica, habiéndose pactado el desarme total de los rebeldes cristeros antes de las elecciones presidenciales.

Las condiciones políticas favorables para la reelección estaban dadas; los obispos y El Vaticano pusieron todas sus esperanzas en Obregón y con el apoyo de las diversas facciones y grupos, incluso el del Presidente de la República, el General Álvaro Obregón Salido fue electo por segunda vez Presidente de la República el día domingo 1 de julio de 1928. Sin embargo, el candidato triunfante no llegó a tomar posesión de su cargo, pues fue asesinado el martes 17 de julio del mismo año en el restaurante La Bombilla por un fanático católico llamado José de León Toral.

Comentario: este insólito caso en que un presidente impuesto por “dedazo” cambia la Constitución para que quien lo puso pueda regresar al poder después de él, pudo repetirse ahora. Existe una versión que, por extraña y fuera de lo común, parece obra de una mente con demasiada fantasía; se dice que Carlos Salinas de Gortari destapó a Luis Donaldo Colosio Murrieta a condición de que éste cambiara la Constitución para que Salinas fuera electo por segunda vez durante el mandato de Colosio y pudiera volver a ocupar la Presidencia inmediatamente después de Luis Donaldo. Para sellar el pacto Colosio tendría qué firmar con fechas adelantadas un documento emitiendo la iniciativa correspondiente, la cual, como es habitual en nuestro país, sería automáticamente aprobada por el Congreso de la Unión en su calidad de gran vasallo del Presidente de la República.

Para asegurar el cambio de la Constitución las Cámaras tendrían que estar controladas por salinistas, lo mismo que el Partido Revolucionario Institucional. Todo estaba cuidadosamente calculado y fue meticulosamente planeado bajo la asesoría y supervisión del Lic. “Maquiavelo” Córdova Montoya. Todos aquellos que pudieran significar un riesgo por no ser totalmente salinistas fueron sacados de la jugada política, e incluso fuera del país. Vale la pena citar el caso de Rafael Rodríguez Barrera, quien a pesar de haber servido con lealtad a Colosio como Secretario General del P. R. I., cuando Luis Donaldo fue Presidente del Partido, fue enviado fuera del país como embajador hasta Israel, porque nunca estuvo de acuerdo con los criterios dictatoriales de Carlos Salinas de Gortari.

No contaban con que Colosio Murrieta se iba a negar a firmar toda la documentación con fechas adelantadas y que también se iba a negar a manejar el país en duunvirato con Salinas de Gortari. Colosio tenía incondicionalmente el apoyo y asesoría del equipo político de José Francisco Ruiz Massieu.

Luis Donaldo recibió varios emisarios que trataron de convencerlo de que debía cumplir con lo pactado, pero en vista de su terquedad tuvo que ser eliminado por orden de Salinas.

Cuando José Francisco Ruiz Massieu se enteró de la fatal noticia dijo en una entrevista periodística: “pobre de Luis Donaldo Colosio, pobre de mí, pobres de los que quieren la justicia social y la democracia en este país“. Sus palabras fueron proféticas, pues poco después fue eliminado por la misma mano ejecutora que ordenó el homicidio de Colosio. El salinato llevó a la tumba a estos dos luchadores sociales; pero son tantas las personas involucradas en el crimen, entre ellos algunos militares, que no es posible desenmascararlas a todas; porque además actuaron por orden del Señor Presidente de la República, quien en nuestro país es algo así como un semidiós sexenal; sus órdenes son sagradas y ay de aquel que se niegue a cumplirlas. Fue ni más ni menos una matanza de Estado como ocurrió con John F. Kennedy.

Volvamos ahora a la época de Plutarco Elías Calles. Muerto el General Obregón, que ya había sido electo como presidente para el sexenio 1928-1934, el ejército se comprometió a no presentar a un militar como candidato, acatando la sugerencia de los Estados Unidos. El Presidente Calles estaba inhabilitado para reelegirse por lo que se presentó la oportunidad de dar el poder a un líder aglutinador de los partidos políticos; a un hombre que además de haberse desempeñado como hábil conciliador entre obregonistas y callistas, era un civil de trayectoria intachable: el licenciado Emilio Portes Gil, quien además contaba con la simpatía de don Plutarco.

El General Calles mandó llamar al líder de la Cámara de Diputados y le transmitió instrucciones precisas. Poco después, el diputado Aurelio Manríquez, cumpliendo la sugerencia del señor Presidente lanzó un vibrante discurso diciendo:

“Compañero Emilio, el país, el obregonismo y el sistema, creemos todos que tú eres el hombre indicado en este momento para asumir la Presidencia de la República”. El 25 de septiembre de 1928 el Congreso de la Unión por elección mayoritaria declaró Presidente a Emilio Portes Gil, quien tomó posesión el 1 de diciembre para un período de catorce meses.

Portes Gil, hombre de grandes habilidades negociadoras logró finiquitar el conflicto religioso. Pidió apoyo diplomático al embajador de los Estados Unidos en México, Mr. Dwigth Whitney Morrow, quien con mucho tacto convenció a la jerarquía católica para que dejara de insistir en que se modificara la Constitución Mexicana. Este gringo también obtuvo del Gobierno garantías para que los católicos celebraran libremente misas y peregrinaciones. Quedaba claro que Portes Gil, los Estados Unidos y la Iglesia estaban aliados.

Sin embargo, la disidencia interna presionaba a don Emilio. La clase política obregonista quería el poder, pero todo el poder, para lo cual sería necesario desplazar al grupo de Calles que ejercía influencia directa sobre Portes Gil. Los obregonistas decidieron rebelarse contra el Gobierno y trataron de pactar con los grupos cristeros que quedaban inconformes al mando del General Enrique Gorostieta Velarde. Los emisarios obregonistas Generales Escobar y Manzo no pudieron lograr un acuerdo con Gorostieta ya que éste se puso en un plan demasiado exigente acerca de cambiar la Constitución. Por su parte, el Gobierno de Portes Gil, temeroso de que llegaran a aliarse sus enemigos, quiso pactar con los cristeros y reconocer a la jerarquía militar cristera. Gorostieta interpretó la oferta de Portes Gil como un acto de debilidad gubernamental y exigió más de la cuenta:

a) tregua nacional inmediata;
b) reconocimiento oficial del ejército cristero como fuerza federal autorizada; y
c) convocar rápidamente a un plebiscito para reformar la Constitución.

El Presidente de la República decidió entonces pedir apoyo a los Estados Unidos para aplacar a los rebeldes en vista de que se aproximaban las elecciones presidenciales, cosa que fue atendida hipertrofiando al ejército federal y fortaleciendo la alianza con la Iglesia Católica. Los obregonistas llegaron a la conclusión de que era mejor luchar por las buenas y lanzaron como candidato presidencial al Lic. José Vasconcelos. Sin embargo, la Iglesia ya había hecho un compromiso con el Gobierno a sugerencia de los Estados Unidos, por lo que desde El Vaticano llegó la orden a México para que todo católico votara por el candidato oficial del Partido Nacional Revolucionario, ingeniero Pascual Ortiz Rubio.

La Santa Sede envió al obispo monseñor Leopoldo Ruiz y Flores en calidad de representante del Papa para dialogar con el Presidente Portes Gil, a efecto de tomar acuerdos resolutivos que pusieran fin por completo al conflicto Iglesia—Estado. Aunque no se firmó ningún documento, cada una de las partes leyó su carta de intención. El representante presidencial dijo textualmente: “es intención del Gobierno de la República y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se conserve y no se destruya la integridad de la Iglesia Católica; es intención del Presidente de la República no intervenir en las funciones espirituales de esta institución religiosa, por lo que las instituciones del Gobierno se limitarán a aplicar la ley sin tendencias sectaristas y sin perjuicio alguno para los ministros del culto. Pero se hace notar que se mantendrá el debido registro de los sacerdotes así como la educación laica “.

La carta de intención del Vaticano fue leída por el representante del Papa y decía textualmente lo siguiente: “ la Iglesia Católica expresa su beneplácito porque el Gobierno de la República Mexicana ha reconocido de hecho la existencia de la Iglesia con todos sus derechos y libertades y porque además se ha comprometido el Presidente de la República, a solicitud expresa de su Santidad, a que las leyes, en tanto se logra su modificación, sean aplicadas con una interpretación benévola; y asimismo, se otorgará a la Iglesia la amnistía general y se devolverán a la institución católica los seminarios, casas episcopales y curales. Además Su Santidad ha quedado debidamente enterado de las buenas intenciones del Presidente y de las promesas hechas para que en el futuro se favorezca más a la Iglesia”.

La Iglesia aceptó la paz con el Gobierno por las siguientes razones:

1.- La disciplina eclesiástica se había relajado;
2.- Los obispos estaban divididos; y
3.- La expansión religiosa estaba estancada.

El Gobierno aceptó la paz con la Iglesia por las siguientes razones:

1.- Necesitaba fortalecerse el recién fundado Partido Nacional Revolucionario;
2.- Se avecinaban elecciones presidenciales;
3.- El país atravesaba por una grave crisis económica; y
4.- Existía el riesgo de que los obregonistas enemigos del Presidente Portes Gil se aliaran con los cristeros.

No todos vieron con buenos ojos la paz pactada entre el representante del Papa Pío XI y el representante del Presidente Emilio Portes Gil. La grey católica mexicana quedó dividida; de los mandatarios eclesiásticos, unos estaban de acuerdo y otros no. El controvertido arzobispo de Guadalajara Orozco y Jiménez era partidario de la lucha armada. El obispo de Zacatecas, Ignacio Plascencia tuvo que amonestar severamente a algunos sacerdotes que simpatizaban con los cristeros. Había obispos que consideraban que los arreglos no habían dado ningún beneficio a la Iglesia y hacían los siguientes cuestionamientos: "¿de qué han servido tantos sacrificios, si al fin los católicos hemos de quedar esclavos? ¿de qué ha servido tanta sangre derramada, tantos sufrimientos, tantas lágrimas, si habríamos de quedar como estamos ahora, en la misma situación?" Famosos por su radicalismo e intransigencia fueron el arzobispo de Durango, José María González y Valencia; el obispo de Tacámbaro, Lara y Torres; y el de Huejutla, José de Jesús Manríquez Zárate. Estos mandatarios eclesiásticos continuaron atacando al Gobierno y sublevando a la gente desde los púlpitos por lo que fueron reportados al Vaticano y El Papa tuvo que castigarlos.

Por su parte, los cristeros también quedaron inconformes. El jefe de los rebeldes, General Jesús Degollado se entrevistó con el máximo jerarca de la Iglesia Católica en México para saber si había en el convenio algún tipo de apoyo para sus combatientes ya que se sentían olvidados. El Arzobispo Primado le respondió textualmente: “yo no sé ni me interesa saber en qué condiciones van a quedar ustedes. Nosotros ya hablamos con el Presidente de la República por autorización de la Santa Sede y ya nos pusimos de acuerdo. Deben ustedes deponer las armas porque las cosas ya cambiaron totalmente y el pueblo católico los vería ahora como rebeldes ante las autoridades eclesiásticas; y el pueblo mismo cooperaría con el Gobierno para combatirlos a ustedes. La bandera que ustedes estaban enarbolando ya no tiene razón de existir, una vez que las autoridades de las partes en conflicto han hecho los arreglos convenientes”. El General Jesús Degollado ordenó disolver las fuerzas combatientes y muchos cristeros se sintieron decepcionados porque consideraron esta decisión como una traición de sus pastores, al grado tal que en determinadas regiones continuaron los enfrentamientos armados contra el Gobierno. Los sacerdotes recibieron instrucciones de amenazar con excomunión a los insurrectos, pero no fue posible apaciguarlos a todos.

Las cosas iban por el sendero de la tranquilidad pero los masones presionaron a su hermano Emilio Portes Gil para que no fuera tan complaciente con el clero, de tal suerte que para congraciarse con el Supremo Consejo Masónico del Rito Escocés Antiguo y Aceptado emprendió algunas acciones que despertaron de nuevo los rencores dormidos. Tomó varias propiedades del clero a nombre de la Nación; evitó que los sacerdotes extranjeros ejercieran en el país y publicó un manifiesto donde prometía a la masonería ser celoso de las leyes constitucionales.

El 5 de febrero de 1930 tomó posesión como Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio. Este presidente fue ilegítimo, pues las elecciones las había ganado en realidad José Vasconcelos. Ante las presiones de la Iglesia, de los militares obregonistas disidentes y de los Estados Unidos, no fue posible sostenerlo en el poder por mucho tiempo y fue obligado a renunciar.

El 4 de septiembre de 1932 el Honorable Congreso de la Unión designó como Presidente sustituto al General Abelardo L. Rodríguez, para que terminara el período constitucional para el cual había sido electo Obregón que concluiría el 30 de noviembre de 1934.

Abelardo L. Rodríguez tenía fama de masón radical, por lo que tuvo que enfrentarse a una fuerte animadversión del clero. El Papa Pío XI dirigió una vibrante encíclica a la grey católica latinoamericana haciendo referencia al anticlericalismo del Gobierno Mexicano en estos términos: “dirijo este mensaje acerba animi para protestar contra la mala fe de un gobierno perseguidor”.

El delegado apostólico en México y representante personal del Papa, monseñor Ruiz y Flores, se encargó de difundir rápidamente la encíclica a lo que el Gobierno respondió con enojo tomando de inmediato 2 acciones contra la Iglesia Católica:

a) se reformó el artículo 3o constitucional empezando a regir la educación socialista;
b) se ordenó la expulsión del país del Nuncio Papal.

Plutarco Elías Calles seguía manejando la situación política del país. Todos lo reconocían como “el jefe máximo de la nación”, de donde la denominación de “maximato” a esta etapa histórica de cambios presidenciales.

La prudencia, la diligencia, la moderación, la discreción, la lealtad y la obediencia del General Lázaro Cárdenas del Río contribuyeron en buena medida a que “el gran elector” le otorgara su voto de confianza. Además, la familia revolucionaria estaba estructurada y jerarquizada de acuerdo con la masonería. Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la nación, era el Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Lázaro Cárdenas del Río había fundado en 1927 la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana que rápidamente proliferó en todo el país, fundándose cientos de logias que trabajaban con principios universales socialistas. Los miles de masones que trabajaban en torno a la “Gran Logia Cárdenas” estaban resueltos a apoyar, hasta sus últimas consecuencias, la candidatura de su Gran Maestro, a la Presidencia de la República. Y fueron los masones encabezados por el expresidente Emilio Portes Gil, quienes hicieron gestiones y presionaron fuertemente a Calles para lograr la postulación de Lázaro Cárdenas.

Plutarco Elías Calles tenía fuertes compromisos con el General Manuel Pérez Treviño, quien le había disciplinado a algunos grupos militares inconformes y le había cumplido satisfactoriamente numerosos encargos confidenciales. Pero Lázaro Cárdenas tenía un gran prestigio que había forjado no en el campo de las armas sino en el ejercicio gubernamental honesto y patriótico así como en sus acciones de profundo alcance social en beneficio de la colectividad; había logrado conquistar simpatías en las altas esferas gubernamentales, en el ejército y en los grupos políticos de obreros y campesinos y una fuerza de simpatizantes que crecía inconteniblemente por el activismo y proselitismo de las logias cardenistas.

En cierta ocasión algunos líderes se acercaron a don Plutarco para pedirle su opinión acerca de Lázaro Cárdenas y contestó textualmente: “considero al General Cárdenas como un individuo serio y muy responsable; sin embargo, para los asuntos políticos es bastante mediocre y sus aptitudes son muy medianas y no son las deseables, no tanto para mandar cuanto para gobernar”.

Ante el incontenible y avasallador proselitismo en favor de Cárdenas, Calles reflexionó y se dijo a sí mismo: “si no apoyo a Cárdenas y gana la Presidencia, perderé la confianza y la simpatía de los militares que están a favor de él. Me conviene apoyarlo pues es casi seguro que gane y, como masón, tendrá que seguir mis sugerencias de manera incondicional puesto que yo soy el Gran Maestro de la Gran Logia”. Don Plutarco expresó públicamente su respaldo a Lázaro Cárdenas y todos quedaron aparentemente contentos pero se dieron cuenta de que el Jefe Máximo de la Nación empezaba a perder fuerza.

Comentario.- Es asombroso el poder carismático que ejerció Lázaro Cárdenas en la historia política contemporánea del país. Las logias cardenistas proliferaron con una rapidez inusitada por toda la geografía nacional. En el Estado de Campeche hubo una logia cardenista llamada “Xkalunkín No. 8”, que difundió la ideología de don Lázaro desde la villa de Hecelchakán, siendo su principal activista y dirigente el venerable maestro, ilustre y querido hermano masón Joaquín Cuevas Medina, quien ocupa ya su columna en el eterno oriente y en cuya memoria se fundó el 17 de agosto de 1991 la Respetable Logia Simbólica “Joaquín Cuevas Medina No. 8”. Volvamos a la década de los años treinta. El domingo 4 de junio de 1933, Lázaro Cárdenas hizo declaraciones a los medios de comunicación social aceptando su candidatura a la Presidencia de la República. Las elecciones efectuadas el domingo 1 de julio de 1934 dieron el triunfo al General Lázaro Cárdenas del Río, quien tomó posesión de su cargo el sábado 1 de diciembre de 1934.

Cárdenas declaró que no perseguiría a la Iglesia, ya que la forma más eficaz de alejar al pueblo de ella era la educación. Se dedicó entonces a fomentar la educación laica y a difundir entre los estudiantes la instrucción científica y tecnológica así como las ideas progresistas y liberales de tendencia socialista, por lo que la Iglesia Católica se declaró contraria a las ideas cardenistas; sin embargo, estaba complacida pues el Presidente le otorgaba amplias facilidades para ejercer su dominio sobre la fe del pueblo.

Tras bambalinas Plutarco Elías Calles ejercía su poder pues controlaba a los militares. Después de muchas sugerencias a su pupilo Cárdenas para que persiguiera y atacara brutalmente a la Iglesia, decidió actuar por su cuenta y ordenó que se amenazara y golpeara a algunos sacerdotes. El representante del Papa llegó a un acuerdo con el Presidente de la República para que cesara esta hostilidad no aprobada por don Lázaro. Y debido a éstas y otras acciones de Calles que iban en contra de la política cardenista el 10 de abril de 1936 fue expulsado del país el General Plutarco Elías Calles por orden del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río. A partir de entonces la Iglesia Católica y el Gobierno se dieron de nuevo las manos y empezaron una labor de reconciliación y alianza que creó una atmósfera de tranquilidad y de progreso. El maximato había sido exterminado.

El domingo 1 de diciembre de 1940 tomó posesión del cargo de Presidente de la República el General Manuel Ávila Camacho. En su discurso inicial se declaró católico lo cual fue tremendamente contrastante con la política seguida por sus antecesores. La etapa de Ávila Camacho fue considerada como la época de oro que vivió la Iglesia Católica pues se acabaron los forcejeos con el poder gubernamental. Todos los asuntos y controversias eran resueltos favorablemente para la jerarquía eclesiástica.

Vinieron luego una serie de períodos gubernamentales en los que la Iglesia Católica gozó de mucha tranquilidad. El clero político decidió actuar prudentemente, con lentitud, con inteligencia taimada y con capacidad de prever y de aguardar el momento oportuno de tomar las riendas del país. Con Miguel Alemán hubo paz semejante a la pax porfiriana; con Ruiz Cortínez se mantuvieron relaciones de gran cordialidad y respeto, dándose el caso de que la propia esposa del Presidente fue la madrina de las obras de mejoramiento que la Iglesia realizó en la Basílica de Guadalupe. El Lic. Adolfo López Mateos fue excesivamente tolerante; cuando el Gobierno estableció la distribución gratuita del libro de texto para las escuelas primarias, el clero político y sus seguidores hicieron una serie de manifestaciones públicas de repudio y ataque al régimen de López Mateos. La excesiva paciencia y tolerancia del ejecutivo permitieron soportar las furiosas diatribas de la Iglesia Católica. El Lic. Gustavo Díaz Ordaz aplicó su política de no intervención que hizo extensiva a la Iglesia; más bien la Iglesia no lo molestó para nada ya que el Presidente acataba las sugerencias de la jerarquía eclesiástica en vista de que Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho era Gran Caballero de Colón de Institución Católica Romana. Luis Echeverría y López Portillo, ambos de extracción liberal y vinculados fuertemente a los descendientes del célebre Ilustre y poderoso Hermano Masón don José Guadalupe Zuno Hernández, encarnizado enemigo de la Iglesia Católica, permitieron la sistemática violación al mandato constitucional contemporizando con el clero para evitar enfrentamientos y asignando cuantiosas sumas a la remodelación y ampliación de los templos católicos. Durante el régimen del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado se hicieron públicas numerosas tendencias eclesiasticopolíticas; el alto clero supo aprovechar un comportamiento paciente y sereno del Presidente para procurar volver por sus fueros exigiéndole que se reformara la Constitución.

El régimen del Lic. Carlos Salinas de Gortari fue de un rotundo triunfo para la Iglesia Católica. Consiguió que se reformara la Constitución para reconocerle personalidad jurídica y permitir a los sacerdotes participar en la política. Asimismo, se reconoció la personalidad diplomática del Vaticano y se nombró un representante del Gobierno Mexicano ante el Gobierno de la Iglesia Católica, mismo que fue enviado en calidad de embajador a Roma.

El Gobierno de la República está cediendo terreno a la Iglesia Católica; ha permitido la hipertrofia del Partido Acción Nacional que representa los intereses del clero político habiéndole cedido importantes gubernaturas y numerosas alcaldías y cargos públicos. En resumen, la Iglesia Católica está de plácemes pues ha tomado el control de ciertas áreas clave de la administración pública y se prepara para incrementar su influencia y su poderío. Vale la pena citar el caso del obispo Samuel Ruiz que ejerce una influencia política enorme en el sureste de la República Mexicana.

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